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  • México, Estados Unidos y Canadá tienen índices de sobrepeso y obesidad muy por encima del promedio de la OCDE.
  • El uso de los etiquetados frontales obligatorios que adviertan a los consumidores si una bebida o un alimento no es saludable es una medida crítica para combatir la epidemia de enfermedades relacionadas con la alimentación.
  • La prohibición de etiquetados frontales de advertencia presentada por Estados Unidos en el marco de las negociaciones del TLCAN podría crear un precedente negativo y trastocaría los derechos soberanos de cada nación para proteger la salud de sus ciudadanos.

18 abril 2018. Un amplio número de organizaciones de salud, de derechos humanos, de derechos de los consumidores, de la infancia y centros de investigaciones, así como importantes médicos, académicos e investigadores en salud pública y nutrición de México, Estados Unidos (EU) y Canadá enviaron cartas en atención a los jefes de Estado, los ministros de Relaciones Exteriores, los jefes de Renegociación del TLCAN y los ministros de Salud de cada uno de sus países, así como a sus propios Congresos, pidiendo oponerse a la propuesta presentada por el gobierno estadounidense en las renegociaciones del TLCAN para la prohibición de etiquetados frontales de advertencia en los tres países, los cuales han sido recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una medida para combatir la obesidad.

La propuesta estadounidense sobre la prohibición de etiquetados frontales fue denunciada primero en México y posteriormente revelada por el periódico The New York Times el mes pasado y confirmada en un testimonio en el Congreso al día siguiente por el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer

“En Norteamérica vivimos una de las mayores epidemias de obesidad en el mundo debida, principalmente al consumo de alimentos y bebidas no saludables. Es urgente que los consumidores tengan acceso a información de advertencia sobre estos productos. Un acuerdo comercial no puede ir en contra del derecho a la información y el derecho a la salud de la población frente al mayor problema de salud pública en la región”, declaró Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor y miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria.

La OMS reportó que la prevalencia mundial de obesidad casi se triplicó entre 1975 y 2016. México, EU y Canadá tienen índices de sobrepeso y obesidad muy por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto afecta la calidad de vida, aumenta el riesgo de diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras condiciones relacionadas con la dieta, y contribuye a un aumento en los costos del cuidado de la salud.

El uso de los etiquetados frontales obligatorios que adviertan a los consumidores si una bebida o un alimento no es saludable, debido a sus altos niveles de azúcar, grasas saturadas y/o sal, es una medida crítica para combatir la epidemia de enfermedades relacionadas con la alimentación.

Las organizaciones recordaron que en Chile y Ecuador ya se implementaron etiquetados frontales de advertencia interpretativos que utilizan símbolos y colores para informar a los consumidores, y han demostrado ser efectivos, por lo que la propuesta de los EU no sólo es un abuso de los mecanismos de los acuerdos comerciales, sino que también va en contra de las recomendaciones para la prevención de la obesidad de la OMS, que incluyen el uso de un etiquetado frontal obligatorio fácil de entender, basado en la mejor evidencia disponible.

Manuel Arango, director de Incidencia y Políticas Públicas de la Salud para la Heart & Stroke Foundation de Canadá, afirmó: “La Heart & Stroke Foundation apoya plenamente la propuesta del gobierno canadiense de requerir un símbolo frontal nutricional en los productos de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, sal y grasa saturada para apoyar decisiones saludables. Y aplaudimos a los líderes en este campo, como Chile, quienes ya implementaron estas importantes medidas de política pública”.

Y agregó: “Los países tienen el derecho a proteger la salud de sus ciudadanos y no debemos permitir el uso inapropiado de los acuerdos comerciales para socavar estos esfuerzos”.

En la misiva enviada por las organizaciones, académicos e investigadores de los tres países expresaron su profunda preocupación ante tal propuesta, la cual frenaría las iniciativas de etiquetado nutricional frontal obligatorio de advertencia que se están emprendiendo en Norteamérica.

Además, podría crear un precedente negativo y trastocaría los derechos soberanos de los tres países para proteger la salud de sus ciudadanos.

De acuerdo con el doctor Peter G. Lurie, presidente del Centro para la Ciencia en el Interés Público: “El etiquetado frontal ayudaría a los canadienses, estadounidenses y mexicanos a vivir vidas más largas y más sanas, y contribuiría a reducir los costos de atención médica en nuestros respectivos países. El TLCAN no debería ser parte del problema”.

Por su parte el doctor Jim Krieger, director ejecutivo de la organización Healthy Food America y profesor del área de Medicina y Servicios de Salud en la Universidad de Washington, aseguró: “La propuesta de Estados Unidos es una afrenta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que llaman al uso de un etiquetado frontal obligatorio y fácil de entender. La gran industria de alimentos y bebidas está detrás de esta propuesta, siguiendo el manual de estrategia desarrollado por la gran industria de tabaco, de emplear los acuerdos comerciales para bloquear políticas de salud pública que ellos perciben como amenazas para sus ganancias. No se debe usar el TLCAN para restringir la capacidad de los países de proteger la salud de sus ciudadanos”.

Las organizaciones y expertos académicos reclamamos el derecho a la vida y a la salud de los ciudadanos, y el interés superior del niño, tal y como lo reconocen las Naciones Unidas y las constituciones de los tres países, por lo que debe imperar por encima de cualquier interés económico o corporativo.

Ningún acuerdo comercial, incluyendo el TLCAN, debe obstaculizarle al consumidor su derecho a la información y tampoco debe restringir la autonomía de un país para proteger a sus ciudadanos, especialmente a los niños, de enfermedades prevenibles y muerte prematura.

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